Fondos para el Consejo de Transparencia
El Mercurio, 16 de noviembre 2010
Sería anómalo que el Consejo de Transparencia estuviese sujeto a tener que utilizar herramientas desarrolladas y controladas por quienes deben ser objeto de fiscalización.
Se ha trabado una disputa respecto de los fondos que el presupuesto 2011 asigna al Consejo de Transparencia para su funcionamiento y en el contexto de la Ley de Transparencia. Los problemas comenzaron a gestarse durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, que en 2009 asignó dos mil 783 millones de pesos a dicho consejo en el presupuesto 2010 -mil 200 millones menos que lo solicitado por esa entidad-, lo que le valió un duro cuestionamiento de los parlamentarios de la Alianza, entonces en la oposición.
Para 2011, la Dirección de Presupuestos aprobó tres mil 250 millones, esto es, 16 por ciento más que el presupuesto 2010, pero menos que los tres mil 983 millones solicitados por ese consejo el año anterior -los mismos que causaron el cuestionamiento de la Alianza-, y menos que los cuatro mil 121 pedidos para el próximo.
El Gobierno reconoce la importancia de la Ley de Transparencia para el buen funcionamiento y la modernización del Estado, así como la necesidad de dotar de recursos al Consejo de Transparencia para que efectúe su labor en la dirección requerida. Sin embargo, por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) insiste en que el protocolo firmado entre ese ministerio y el consejo -que entrega a este último acceso total al sistema computacional que registra todas las solicitudes de acceso a la información y que es coordinado desde la Comisión de Probidad y Transparencia, dependiente de ese ministerio- debería ser suficiente para desarrollar el portal que el consejo planea construir.
Dicho portal -que sería autónomo, a cargo del consejo, y que tendría por objeto fiscalizar todos los temas de transparencia y acceso a la información que se registren, incluidas las labores de las municipalidades- es considerado clave por el presidente de aquél, Raúl Urrutia. Asimismo, estima que el acceso a los casos de la Comisión de Probidad y Transparencia que le ofrece la Secretaría General de la Presidencia es completamente insuficiente para esos fines, aun con el acceso a la información municipal que ella le ofrece, y que la labor de dicho consejo debe desarrollarse según los planteamientos que el mismo ha hecho.
Este debate ha dividido a las filas de la propia Alianza. Algunos parlamentarios, como el senador Larraín (UDI), están dispuestos a apoyar la postura del consejo y de su presidente, Raúl Urrutia. Otros, como el diputado Ernesto Silva (UDI), consideran que no deben asignarse más recursos a esta entidad.
Pese a tratarse de un debate cuyos detalles no conoce el público, la postura del Consejo de Transparencia parece razonable, particularmente respecto del portal que le ofrece la Segpres. Si lo utiliza, en vez de ser un fiscalizador autónomo de lo que ocurra, estará en manos de quienes (entre otros) serían fiscalizados, lo que restaría eficacia y coherencia a la labor de este consejo.
La modernización del Estado deberá fundarse, sin duda, en la transparencia de sus actos, por lo que resulta indispensable que, si se crea una institucionalidad como el Consejo de Transparencia, destinada a velar por que así ocurra, ella no esté sujeta a tener que utilizar herramientas desarrolladas y controladas por quienes deben ser objeto de fiscalización. Los montos involucrados en esta discusión son menores, pero los principios amagados están en el corazón de la institucionalidad y amenazan los ambiciosos planes del Ejecutivo para el país, por lo que es de esperar que la Dirección de Presupuestos y la Secretaría General de Gobierno atiendan a argumentos poderosos, como los planteados.
